En la misma estuvieron presentes María Paz Cabrera, Miguel Ángel Figueras, Andrés Barreto y Ginés Quintana, estos últimos Concejales en el Ayuntamiento de Arrecife.

El partido de ciudadano de la Isla de Lanzarote a través de su edil en el consistorio capitalino, Andrés Barreto, subrayo que “con la Operación Unión y Jable se viene a confirmar que las actuaciones políticas en las instituciones públicas de Lanzarote no han sido precisamente para beneficiar a la generalidad de la ciudadanía, más todo lo contrario, miles de millones de Euros en beneficio propio e incrementos de patrimonios personales” señalo el Concejal.

Alternativa considera que ante esta forma de hacer política, que se ha venido practicando en las dos últimas décadas en la isla de Lanzarote, no debe de ser valorada con la lacónica frase de que “todos los partidos son iguales”. “en Alternativa Ciudadana 25 de mayo, estamos convecinos de que hay otra forma de hacer política, que no todos venimos a la vida pública para beneficiarnos de ella”, indico Barreto, exigiendo “más rigor y libertad para poner a cada cual en el sitio que le corresponde”

Colaboración con la justicia

Desde Alternativa Ciudadana se exigió a los responsables políticos de las instituciones públicas afectadas, entre ellas Cabildo de Lanzarote, Ayuntamiento de Yaiza, Ayuntamiento de Arrecife, Inalsa y Centros de Arte Cultura y Turismo, que pongan a disposición de la justicia toda la documentación, facturas, pagos, contratos, etc. que se han realizados con la finalidad de que el Juez cuente con la mayor información posible.

Responsabilidad patrimonial
El representante de Alternativa en el municipio de Arrecife demando a los poderes públicos “introducir en la normativa legal, que ante actuaciones delictivas en función de su responsabilidad de cargo político o público, se incluya la responsabilidad patrimonial y que respondan con su propio dinero y patrimonio” recalcó Barreto.

Participación y tolerancia cero
El partido asambleario hizo un llamado a la ciudadanía lanzaroteña para que reflexionen sobre todo lo que está aconteciendo hoy por hoy en la isla y que esta situación de corrupción no se siga dando. Alternativa apela a que las y los ciudadanos conejeros tengan una mayor implicación social y política en rechazo a quienes se han beneficiado del voto de las y los ciudadanos para delinquir. Por último Alternativa hizo una llamado a tener tolerancia cero a la corrupción.

Por otro lado, el concejal Ginés Quintana, explico los alcances de la Sentencia dictada por el TSJC en la que anula el acuerdo plenario tomado el 21 de julio de 2006.

Comunicado leído por Alternativa Ciudadana
Alternativa Ciudadana, desde el comienzo de la tramitación del PEPA, ha mostrado su disconformidad tanto en el contenido del mismo como en su tramitación porque entendíamos que ni uno iba a solucionar las cosa, mas bien era una disculpa para fomentar la especulación, y la otra porque carecía de informes tan importante como el medioambiente. Por ello siempre que tuvo ocasión presento alegaciones al mismo.

En nuestras primeras alegaciones proponíamos que el procedimiento del PEPA fuera suspendido pro una serie de actuaciones que, desde nuestro punto de vista, no eran correctas como, por ejemplo, la alteración de los usos de suelo en el plan general, pasando de zona industrial a portuaria sin ningún trámite de modificación puntual del mismo.

Proponíamos también que los cruceros así como el resto de los barcos mercantes atracaran en Los Mármoles debiendo este ser totalmente renovado en sus infraestructuras las que, hasta el día de hoy, siguen siendo obsoletas como las del abastecimiento del aguan y carburante. Un muelle que contara también con un intercambiador, de verdad, para facilitar el accesote los visitantes a los distintos sitios de la isla.

También solicitábamos que el muelle de contenedores nos se ampliara hacia el Castillo de San José ni hacia la playa de La Arena y que el futuro del muelle se tendría que pensar hacia la Disa.

No se nos hizo caso y sin previo aviso, por Decreto de Alcaldía, se aprobó provisionalmente el PEPA sin estimar ninguna de las alegaciones presentadas que fueron muchas. Al final en la sesión plenaria del 21 de julio de 2006 fue aprobado definitivamente con los votos contrarios de Alternativa Ciudadana y PP. Destacar en este apartado que la causa de esta aprobación apresurada fue que por parte del gobierno municipal y de la autoridad portuaria después porque la directiva europea 2001/42/CE entraba en vigor al día siguiente y así, entendían que no era preceptiva su aplicación.

En esa sesión plenaria AC hicimos pública nuestra intención de presentar un recurso contencioso administrativo contra ese acuerdo por considerar que las deficiencias en su tramitación no solo no se hubieran corregido sino que se incrementaron con la modificación sustancial del proyecto sin posibilitar de presentar nuevas alegaciones.

Presentado el Recurso, a los cinco años, después de que se recabaron todos los documentos ya que el expediente presentado por el ayuntamiento carecía de muchísimos documentos, el TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CANARIAS nos ha dado la razón en su sentencia. Estima que el acuerdo de 21 de julio de 2006 es nulo por no ser ajustado a derecho.

De la sentencia destacar dos cosas:
Primeramente el concepto que el grupo de gobierno presidido por Dña. Isabel Déniz tenía de AC25 m. Entre los argumento de la defensa de la legalidad del PEPA era que “ AC carece de capacidad procesal en el orden jurisdiccional, no disponiendo de legitimación activa de conformidad con el Art. 19.1b) de la Ley 29/1998”. Se resume muy bien su consideración hacia nosotros, un partido legalmente constituido y unos concejales legalmente elegidos.

En segundo lugar, El Tribunal dice que si era necesario el informe medioambiental ya que este se tendía que haber hecho al inicio del proceso, en la “fase más embrionaria” del mismo siguiendo las directrices de la normativa que en ese momento estaba en vigor.

A partir de ahora desde AC, en coherencia con su posición inicial ante este proyecto solicitaremos al Pleno de Arrecife la ejecución de la sentencia y que solicite la paralización cautelar de las obras hasta que se subsane las deficiencias dictadas por el Tribunal.

Las administraciones públicas y sus gobernantes no solo deben ser garantes del cumplimiento de la leyes sino que también deben mantener en todo momento una actitud ejemplarizante y ser las primera en cumplir estrictamente las mismas.