Ley del borrón y cuenta nueva

Los siete ayuntamientos de la isla y hasta el propio Cabildo Insular tendrán que trabajar a destajo para conseguir que los planes generales de ordenación urbana de cada municipio, y en el caso del cabildo el PIOT, puedan ser adaptados a la nueva legislación territorial de canarias, que entrará en vigor el próximo 14 de mayo del 2002. El objetivo de la nueva normativa será permitir la regulación de todas las construcciones comprendidas en suelo urbano o rústico que hasta la fecha se encuentran en situación de ilegalidad. Así, en Lanzarote se permitirá ordenar un total de 1.547 casas ilegales repartidas por toda la geografía insular.
La Ley del Territorio de Canarias que entrará en vigor el próximo 14 de mayo del 2002 supondrá un antes y un después en la historia de la ordenación urbana de cada uno de los municipios insulares. Los siete municipios de la isla deberán adaptar sus planeamientos urbanísticos a la nueva nornativa, y por tanto regularizar todas aquellas edificaciones que no se ajusten a la legalidad. Una solución que hará que todos aquellos promotores o propietarios que poseen viviendas actualmente fuera de ordenación puedan regularizarlas conforme a la ley. Auque también es verdad que muchas de las viviendas existentes quedarán en situación de alegalidad, puesto que no podrán se adaptadas, dependiendo de la calificación del suelo en que se ubique. En Lanzarote existen exactamente 1.547 casas que se encuentran sin regulación de la Ley del Territorio del Canarias. Esta cantidad se ha podido saber tras la elaboración de la empresa pública Gesplan de un censo detallado de casas ilegales repartidas por toda la isla, que servirán a los ayuntamientos para realizar sus planeamientos generales, exigido por la norma territorial. En el censo se recogen todas aquellas construcciones al amparo del decreto 11/97. Además, se señala la ubicación de las mismas a fin de favorecer su localización y estudiar su situación particular para que puedan llegar a ser legalizadas.

EXIGENCIAS DE LA LEY.

La primera exigencia de la nueva Ley del Territorio de Canarias es que el Plan General de un municipio o en su defecto un Plan Especial de Ordenación que desarrolle el Plan General, deberá contener un catálogo en el que estén comprendidas las edificaciones que censadas al amparo del decreto 11/97. El objetivo de este documento será permitir la regulación de todas las construcciones comprendidas en suelo urbano o rústico, aunque aún en este supuesto resulten disconformes con el nuevo planeamiento. La principal problemática se centra en las viviendas que se encuentren en zona rústica, mientras que las ubicadas en zona urbana podrán ser legalizadas sin problemas en tanto cumplan con los principales requisitos que exige la norma. Además las casas que fueron construidas de manera ilegal en zona rústica no podrán experimentar cambio o remodelación por parte de sus promotores o propietarios, debido a la categoría del suelo. Para formar parte del catálogo de viviendas a regularizar las edificaciones deberán cumplir una serie de requisitos esenciales, al objeto de ser incluidas en el Plan General de cada localidad. En primer lugar, ha de tratarse de una construcción al amparo del decrelo 11/97 destinada al uso residencial, agrícola o ganadero. Es decir que cualquier tipo de construcción industrial quedaría al margen de la norma sin posibilidad de adaptación. Como segundo requisito, las viviendas deberán presentar condiciones de seguridad, estabilidad y dimensiones en relación al uso que se destine. Por último, deberán ser adaptadas al entorno, por lo que será necesario realizar modificaciones de tipo estético en cada una de las construcciones. En este sentidon será el propio Plan General o Especial quien determine las condiciones de remodelación, bien sea pintura, derribo o condicionamiento.

AUTORIZACIÓN DE USO.

Una vez incluidas en el catálogo de edificaciones sin ordenación el promotor de la vivienda tendrá derecho a solicitar su autorización de uso. Será una especie de permiso otorgado conforme al cumplimiento de los requisitos mencionados aunque no es lo mismo que una licencia de construcción, ya que ésta sólo se concede de acuerdo al cumplimiento de la normativa insular actual (PIOT).
El procedimiento para obtener la autorización será el mismo que para obtener una licencia y el órgano actuante, es decir cada ayuntamiento, resolverá positiva o negativamenle esa petición. Según comentó el propio delegado de la empresa pública Gesplan, Pedro de Armas, en princio ninguna de las edificaciones será derribada por lo que mantendrán un carácter de alegal hasta el momento definitivo de su inclusión en el Plan General o especial de cada uno de los municipios. Quienes no se han acogido al censo podrían verse perjudicados puesto que no tendrá en cuenta su situación a no encontrarse registrada en el inventario realizado por Gesplan.
Teniendo en cuenta que cada uno de los siete municipios insulares registra una ordenación diferenciada, según se cuente o no con la elaboración de Normas Subsidiarias o Plan General de Ordenación, es de suponer que con la nueva legislación tendrá lugar una proliferación de construccions en suelo urbano o rústico fuera de ordenación, a la espera de que la situación de ilegalidad sea adaptada a la nueva norma territorial. Sin embargo, en la actualidad la edificación de cualquier tipo sería sancionada por presunto incumplimiento del Plan Insular de Ordenación del Territorio (PIOT), así como de la ley de Ordenación del Territorio de Canarias. En este sentido, se prevé establecer un mecanismo de coordinación entre el Cabildo y los siete ayuntamientos, afin de que el Plan Insular también resulte adaptado, puesto que hasta la fecha todas estas casas irregulares no están previstas en el PIOT.

CIFRAS POR MUNICIPIO

Cada uno de los municipios insulares registra una ordenación diferenciada, según se cuente o no con la elaboración de Normas Subsidiarias o Plan General de Ordenación. Aunque Arrecife, San Bartolomé, Teguise Tías o Yaiza cuentan con al menos un planeamiento, en la mayoría de estas localidades en vías de adaptación a la nueva normativa regional, existen otros como Haría o Tinajo que carecen de cualquier tipo de instrumento de planicación urbana. Por ello, las edficaciones se distribuyen desde los ayuntamientos con mayor población hasta los menos habitados de la isla. Así Arrecife el más poblado de los municipios cuenta con un total de 474 casa en situación irregulal, seguido de Tinajo con 455 viviendas. En tercer lugar aparece el municipio de Teguise con 296 edificaciones desordenadas. San Bartolomé presenta censadas un total de 97 construcciones, mientras que Tías le sigue con 90 viviendas. A pesar de uno de los municipios que carece de cualquier tipo de planeamiento urbanístico Haría es una de las localidades con menor presencia de casas ilegales puesto que cuenta con 68 construcciones. Por último, aparece el municipio sureño de Yaiza con un total de 67 viviendas pendientes de regularización. Estos datos serán fundamentales para que cada uno de los ayuntamientos, sobre todo aquellos que hasta la fecha no tienen regulación urbanística, puedan establecer las directrices por las que cada una de las viviendas pasarán a formar parte del planeamiento general o especial.



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