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Las Cámaras responden ante las acusaciones del Cabildo de Lanzarote
Los presidentes de las Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas, Ignacio González Martín y José Miguel Suárez Gil han insistido en la necesidad de contar con un marco autonómico que regule el funcionamiento de estas instituciones.
Los presidentes han afirmado que no son contrarios a la creación de Cámaras insulares, siempre y cuando su puesta en marcha cumpla con lo establecido por la Ley Básica de Cámaras de Comercio y se garantice la independencia, viabilidad económica y calidad en la prestación de servicios de éstas corporaciones.
Asimismo, consideran que el proceso de aprobación de la Ley debería estar precedido de un amplio debate de cara a buscar el mayor consenso posible, en el que se cuente con la opinión de las Cámaras de Comercio existentes.
Aunque no estén de acuerdo con la propuesta de Ley del Cabildo de Lanzarote que se pretende aprobar, los presidentes de las Cámaras de Comercio de Santa Cruz de Tenerife y las Palmas apoyan las reivindicaciones del empresariado de Lanzarote y lo que demandan son garantías mínimas para que la corporación a crear sea una auténtica institución al servicio del tejido empresarial y la defensa de sus intereses y no se conviertan en instrumentos políticos serviles.
Aclaran que si las Cámaras no se han pronunciado hasta hace unos días públicamente es porque han “confiado pacientemente” en que a lo largo de seis meses se le ocurriera a alguna administración pública contar con la opinión de las corporaciones directamente implicadas. “Gesto o derecho que en ningún momento se ha dado, a pesar de que nuestras instituciones han solicitado en reiteradas ocasiones ser escuchadas por las administraciones públicas implicadas en todo el proceso de aprobación de la propuesta de Ley de Cámaras”.
Entre los requisitos que incluye la propuesta de CC, está la necesidad de que la solicitud sea presentada por al menos el 50% de los empresarios del ámbito territorial, que se garantice sus recursos económicos con unos ingresos que superen los 100.000 euros y que su puesta en marcha esté avalada por un estudio de viabilidad técnica y financiera.
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