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La guerra del atún
El cierre de las empresas Garavilla y Agramar dedicadas a la conserva de productos pesqueros y a la dotación de hielos a pequeñas embarcaciones que todavía faenan en aguas canarias, fue el punto de partida para el desarrollo de una actividad inédita en Lanzarote: la instalación de jaulas marinas para el engorde atún, promovida por la sociedad Yaizatún, S.A. Todo parecía indicar que la iniciativa tenía las de la única salida a la crisis que padece el sector pesquero. Sin embargo, a pocas semanas del inicio de las pruebas para la puesta en marcha de las actividades acuícolas en Lanzarote, se ha destapado la caja de los truenos. Los representantes del sector pesquero insular a excepción de la Cofradía de San Ginés, así como los pescadores del resto del Archipiélago integrados en la Federación de Cofradías de las Provincias de Las Palmas y Tenerife han puesto el grito en el cielo al comprobar que la instalación de artefactos destinados al engorde de atún ha traído consigo la llegada de barcos de cerco, hasta la fecha prohibidos en aguas canarias. Por ello, los pescadores canarios no han parado hasta conseguir que la Consejería de Agricultura, Pesca y Alimentación del Gobierno de Canarias solicitara a la Secretaría General de Pesca la suspención cautelar de las licencias concedidas para uso de barcos cerqueros. Al menos hasta que se disponga de un nuevo informe sobre el impacto medioambiental que podría producirse.
Informes específicos
El nuevo estudio técnico solicitado por la Consejería de Pesca del Gobierno canario será elaborado por el Instituto Oceanográfico Nacional. En el se informará con todo detalle acerca de la cantidad de capturas que pueden realizarse en aguas lanzaroteñas. Asimismo, se realizará un informe que determine si la práctica de esta actividad pesquera afecta en la migración natural del atún, así como que se especifique los índices de mortalidad que produce la utilización de cerco. Por otra parte, se estudiarán las únicas alegaciones presentadas al proyecto por la Asociación El Amarradero de Puerto del Carmen, en las que se advierte sobre los posibles daños ambientales que pueda producirse en la zona prevista para la ubicación de las jaulas marinas, concretamente en aguas de Playa Ouemada, al sur de la isla.
En pie de guerra
Si bien, la decisión de suspender por el momento el uso de barcos de cerco en las capturas de atún ha calmado los ánimos de los pescadores canarios, quienes el pasado viernes solicitaron la dimisión del viceconsejero de Pesca canario, Manuel Fajardo, como es lógico no ha sido bien recibida por los promotores de las actividades acuícolas. Los promotores del proyecto de engorde y engrase de atún, esto es la Cofradía de Pescadores San Ginés, la organización productora de túnidos y pesca fresca, la sociedad Yaizatún y la empresa Agramar aseguran no entender el cambio de postura adoptado por la misma administración que consintió el uso de las embarcaciones que han generado la polémica. "El uso de cerco está prohibido en Canarias, pero tenemos un permiso especial hasta el próximo 15 de septiembre y entendemos que es la única vía posible para capturar el pescado. Posiblemente pretendan ganar tiempo hasta para que caduque el permiso y en ese caso estudiaremos el procedimiento legal para extender la autorización", manifiesta el gerente de Agramar, Gregorio Armas. Pero, además de rechazar el uso de cerco en las actividades pesqueras, las cofradías canarias consideran excesiva la captura anual permitida a la empresa Yaizatún, alrededor de 2.000 toneladas anuales, y la concesión por cinco años, sobre todo cuando se trata e un periodo de prueba. En este sentido, Gregorio Armas, ha recordado que el proyecto fue presentado al Gobierno canario en marzo del pasado año y salió a exposición pública, habiendo recibido tan sólo las alegaciones de la Asociación El Amarradero de Puerto del Carmen.
Impacto ambiental
En las alegaciones del Amarradero se especifica que el impacto real ocasionado en los fondos marinos y sus consecuencias serían irreversibles, "dado que el cultivo de túnidos en cajas flotantes es novedoso en el mundo y no existen datos sobre los ciclos de producción de estas especies en cautividad". Sin embargo, estas declaraciones han sido desmentidas por los impulsores del proyecto. "Según nuestros informes existen procesos similares de engorde y engrase de atún tanto en el Pacífico como en el Mediterráneo", aseguran. Desde el Amarradero explican también que esta actividad es incompatible con la declaración de la isla Reserva de la Biosfera porque no compatibiliza el desarrollo económico con la preservación del medio. Al mismo tiempo sostienen que la necesidad de utilizar 35.000 toneladas de carnada para engordar los casi 2000 toneladas de atún haría necesario la creación de un caladero alternativo y degradarían las pesquerías canarias. Al respecto Gregorio Armas, ha anunciado que en ningún momento se habló de extraer 35.000 toneladas de carnada de las costas canarias. "Como mucho se pueden necesitar alrededor de 8.000 toneladas al año, que está previsto comprarla congelada fuera de la isla, puesto que no es necesario traer carnada viva", argumentó Armas.
Por el momento, la polémica está servida y hasta que desde la propia administración no se remita una notificación oficial por la que se establezca la paralización del uso de barcos cerqueros, los responsables de la empresa han manifestado que seguirán adelante con el proyecto. "Hasta la fecha se han recogido 320 toneladas, de las 1.856 previstas para este año, todavía no hemos decidido que ocurrirá con el pescado capturado si verdaderamente se ordena la paralización de los barcos de cerco", anunció el gerente de Agramar Gregorio Armas.
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