La directora general de Sostenibilidad de la Costa, del MARM, aseguró hoy que en dos años se terminará el trámite para delimitar el dominio público en el litoral
“Hay 70 millones de europeos que residen en municipios costeros”, aseguró Paz para justificar la necesidad de llevar a cabo una gestión integrada de las zonas costeras en Europa, tal y como recomendó en 2002 el Parlamento Europeo, de manera que se ofrezcan estrategias para equilibrar el litoral.
La directora general de Sostenibilidad de la Costa y del Mar del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM), Alicia Paz Antolín, comentó esta mañana, en el marco del II Congreso Canario de Derecho Urbanístico (que se celebra en la capital tinerfeña, en el recinto TEA Tenerife Espacio de las Artes), que en los litorales de las provincias de Las Palmas y de Santa Cruz de Tenerife ya está hecho el deslinde marítimo-terrestre en el 95,53% y el 98,80% del perímetro de las respectivas costas, lo que supone una media del 97% para todo el litoral canario. Este valor relativo es superior a la media española, que se sitúa en el 92%. La representante del Ministerio añadió que en dos años está previsto concluir este trámite, que permite la regulación y salvaguardia de la costa española.
El deslinde del dominio público marítimo-terrestre es un procedimiento administrativo que define el espacio público en el litoral respecto a la propiedad privada, instrumento que está recogido en la Ley de Costas de 1988. El objetivo de la determinación de este deslinde radica en garantizar su uso público, regular la utilización racional de los bienes y conseguir un buen nivel de calidad de las aguas y de la ribera del mar. Cabe reseñar que este procedimiento tiene importantes repercusiones legales, económicas, políticas, sociales y medioambientales. La directora general Alicia Paz puntualizó que el trámite de aprobación del deslinde es un acto recurrible judicialmente.
Alicia Paz defendió los criterios de la legislación española en la materia y, en particular, de la Ley de Costas de 1988, que persigue proteger, entre otros fines, la titularidad pública del litoral. La directora general del MARM recordó que las comunidades autónomas pueden incorporar normas adicionales de protección del litoral e hizo mención a la denominada Ley de Costas de Canarias de 2009, que fue recurrida por el Ministerio ante el Tribunal Constitucional por la supuesta vulneración de competencias del Estado y que está pendiente de sentencia. El Constitucional mantiene la suspensión del artículo más importante de aquella ley canaria, con la que el Ejecutivo autónomo pretende proteger núcleos costeros de “valor etnográfico” afectados por la Ley de Costas estatal.
Deja una respuesta